Por si quedaba
alguna duda, el Ministro de Salud se encargó el viernes pasado en La Segunda de
aclarar las intenciones del gobierno con la reforma a las Isapres.
En el
vespertino, el Ministro emplaza al legislativo a aprobar la nueva ley,
argumentando que quienes no la respaldan tienen la intención de generar un sólo
sistema de reparto de salud y de paso, y éste sería el gran temor de las
Isapres, seria el fin de las instituciones de salud previsional. Indica también
el rol activo que tiene y tendría el Tribunal Constitucional en esta caída.
Pero el Ministro
se guarda algunos detalles muy relevantes en su emplazamiento: no menciona que
el PGS significa expropiar la totalidad de la cotización de salud del 10% de
los cotizantes dependientes de las Isapres, que serán afiliados de menores
ingresos quienes subsidiarán a beneficiarios de mayores ingresos y que, como no
existe ninguna posibilidad de que las personas que elijan las Isapres cuenten
con subsidio estatal, el nuevo sistema es frágil pues depende de los aportes
crecientes de los jóvenes para financiarlo en el tiempo. Con la clara
contradicción que en el proyecto de ley no hay ningún incentivo a la
permanencia de los jóvenes y la cartera de las Isapres envejece a paso veloz.
Otro detalle es
que el PGS consolida el sistema de salud cerrada o administrada lo que no es
perverso en sí. Sin embargo, va en contra de lo que la mayoría de los
cotizantes, sobre todo los de mayores ingresos, contratan en las Isapres. El
chileno valora la libre elección, pero se complica con su elevado costo. La
misma Superintendencia de Salud proyecta un incremento de los reclamos de un
400% post reforma.
Valorable es su
mención al Tribunal Constitucional pues reconoce que en el fondo han sido los
fallos de esta instancia, los que lideran el cambio de modelo de aseguramiento
privado y no el poder Ejecutivo. Lo anterior no deja de ser preocupante, pues
esperamos que las políticas públicas sean fruto de la visión constructiva del
Gobierno, con los aportes del poder legislativo en el marco de las reglas
democráticas.
El proyecto en
cuestión genera un sistema de reparto en las Isapres donde los cotizantes se
subsidian entre sí, generando un nuevo impuesto a las personas que elijan el
sistema privado. Esta solución preestablecida y empujada durante años de
judicialización, es un primer paso a la socialización y unificación total del
sistema y no sería un camino alternativo como parece plantear el Ministro.
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